México conmemoró el martes con una multitudinaria marcha en la capital el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los casos de violación de derechos humanos que más ha conmovido al país, en medio de fricciones entre el gobierno mexicano y los familiares de los jóvenes que denunciaron trabas del Ejército en el esclarecimiento del caso.
Al grito de “26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa”, varios miles de manifestantes acompañaron a los familiares que, levantando carteles con las fotografías de los jóvenes desaparecidos, marcharon por algunas vías del centro de la Ciudad de México en una movilización que culminó en la plaza del Zócalo frente al Palacio de gobierno.
Por medidas de seguridad, las autoridades colocaron vallas de metal en los alrededores del Palacio presidencial para evitar posibles daños a la edificación histórica por parte de los manifestantes.
La marcha se desarrolló de manera pacífica aunque se registraron algunos eventos aislados de violencia cuando manifestantes atacaron comercios y causaron destrozos, informaron medios locales.
La protesta se dio en medio de las tensiones que han surgido en las últimas horas luego de que los parientes de los estudiantes se negaran a recibir de manos de las autoridades una serie de grabaciones y documentos, alegando que no incluían unos archivos del Ejército que habían solicitado desde hace meses.
Desde el año pasado las investigaciones del caso entraron en una crisis luego de la renuncia del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, la cancelación de varias órdenes de captura de presuntos implicados en el proceso y los cuestionamientos que realizó un grupo de expertos a algunas evidencias que se utilizaron para armar un informe que en 2022 concluía que los cuerpos de los estudiantes de los estudiantes fueron incinerados y arrojados a un río.
Tras la desaparición de los jóvenes en 2014 en la localidad sureña de Iguala, estado de Guerrero, solo se han recuperado restos de tres estudiantes.
Por el caso han sido detenidos una docena de militares y el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso el año pasado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes, acusó el lunes al subsecretario de Gobernación y jefe de una comisión gubernamental que investiga el caso, Alejandro Encinas, de emplear una narrativa que se acerca más “a la verdad histórica” que se utilizó en el sexenio pasado para alegar que los 43 jóvenes fueron amontonados por criminales en un basurero e incinerados y sus restos fueron arrojados en bolsas en un río.
La postura de los familiares fue objetada el martes por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional han entregado todo el material, y ordenó la publicación en las redes sociales del gobierno los recientes informes y grabaciones del caso.
“Creo que exageró o se confundió porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad”, dijo el mandatario mexicano al rechazar las afirmaciones de Rosales, y ratificó que durante el año que le resta de mandato se seguirá trabajando para localizar a los 43 estudiantes que desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.
De acuerdo con un documento difundido el martes por el gobierno, se manejan tres causales que llevaron a la desaparición de los estudiantes. Una se refiere a la confusión que pudo tener el grupo criminal Guerreros Unidos sobre la presunta infiltración de miembros de la banda rival Los Rojos entre los jóvenes; tras, sobre el posible escarmiento del alcalde de Iguala de ese entonces, José Luis Abarca, y los Guerreros Unidos por unas protestas; y la tercera, la eventual presencia de drogas, armas o dinero en alguno de los autobuses empleados por los normalistas.
La crisis sobre la investigación del caso se profundizó a mediados de este año con la salida del país del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde el 2015 asumió las investigaciones del caso.
Poco antes culminar sus labores, los expertos denunciaron que el Ejército mexicano aportó datos falsos, movió documentación para evitar su rastreo y ocultó evidencia del caso.
Entre los militares detenidos están el general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.
El caso de Ayotzinapa se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 110 mil desaparecidos y donde todavía imperan altos niveles de impunidad, corrupción y violencia.
