La justicia no llega al cumplirse este 27 de septiembre seis meses del incendio que mató a 40 migrantes en un centro del Gobierno de México en Ciudad Juárez, donde activistas denuncian que persiste la impunidad pese a que otros países consideran el hecho “un crimen de Estado”.
A medio año del fuego en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM), cerca de la frontera con Estados Unidos, todavía hay decenas de zapatos quemados de las víctimas en el suelo.
El lugar donde murieron 4 decenas de migrantes y otros 27 resultaron heridos, aún permanece lúgubre. Las paredes todavía tienen manos de hollín pintadas, huellas de quienes salieron con vida y las ventanas ahumadas.
Los migrantes estaban “asegurados”, encerrados por el Gobierno federal a unos metros de la frontera con Texas, frente al edificio de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez y a unos metros del puente internacional Paso del Norte.
Humanistas señalaron a EFE que, aunque el Gobierno autorizó indemnizaciones a las familias de las víctimas por 140 millones de pesos, no se ha hecho justicia.
Y advirtieron que la situación es cada vez peor para quienes llegan en la nueva ola migratoria porque ahora desconfían hasta de los albergues, pues temen fallecer quemados.
Ernesto Vasconcello, abogado migratorio que vivió el caso de cerca, expresó que “ninguna indemnización es suficiente” cuando se trata de vidas y cuestionó el que Francisco Garduño, titular del INM, solo enfrente un cargo judicial.
Mientras que el coordinador local de albergues, Miguel Fierro, criticó el que el funcionario federal siga al frente de la dependencia, como ha defendido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
