Conclusión: De manera consecutiva los trabajadores del Poder Judicial realizaron protestas en todo el país contra la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos frente a lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador los descalificó y las generalizaciones del Presidente avivan la confrontación entre dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial, que sabemos cuándo empezó, pero no cuándo ni cómo terminará. Falta menos de un año para que López Obrador termine su mandato, lo mismo que le resta para colonizar o destruir al Poder Judicial. El reloj político avanzará rápidamente. La venganza de López Obrador contra el Poder Judicial es, en realidad, una vendetta contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con quienes enfrentó temporadas de odio y apaciguamiento, según tengan posturas autónomas o con cabezas prácticamente a su servicio. Sin embargo, la idea de cómo tomar represalias contra la Corte, ahogándolos con el presupuesto y eliminando los fideicomisos, no se le ocurrió a él, sino a su brazo en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, quien recibió la felicitación y agradecimiento del Presidente, que esperaría que no se quede en palabras y se materialice con la candidatura al gobierno de Puebla.
Epicentro: El inicio de esta lucha de poderes fue el 6 de septiembre, cuando la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para extinguir 13 de los 14 fideicomisos –seis de la Suprema Corte, seis del Consejo de la Judicatura y dos del Tribunal Electoral–, por un monto superior a los 15 mil millones de pesos. En la exposición de motivos, Mier afirmó que se trataba de construir un Poder Judicial “independiente, imparcial, eficaz, auditable y austero”, lo cual no tiene nada que ver con la extinción de los fideicomisos, pero entra en la narrativa embustera del Presidente y su corifeo. Los 13 fideicomisos que buscan eliminarse se pueden dividir en tres bloques. Unos tienen que ver con fideicomisos cuya extinción afectaría a mandos medios y personal administrativo, quienes aportan quincenalmente recursos de su salario para su retiro, jubilación o despidos. Estos fideicomisos no utilizan dinero público, sino es de cada trabajador, por lo cual la extinción de ellos sería el equivalente a que, por decisión del Congreso, les expropiaran el dinero que ya trabajaron para ganarlo.
Una muestra: Por ejemplo, en el caso de sus pensiones, donde hay trabajadores que las perderían al 100 por ciento, y otros, la mayoría, que verían una reducción de 15 a 50 por ciento de ellas. No tiene nada que ver con privilegios, como dice el Presidente, y sí afecta a los trabajadores, y no sólo a los ministros de la Corte, como también señala. Otros fideicomisos, cuya eliminación también afectaría a mandos medios y personal administrativo, tiene que ver con el otorgamiento de prestaciones médicas complementarias a las que brinda el ISSSTE, y apoyos extraordinarios a los familiares de los trabajadores en caso de defunción del servidor público. Como en el caso anterior, también impacta a los trabajadores, no sólo a los ministros de la Corte. El tercer bloque de fideicomisos que se anularía es el que tiene que ver los ahorros de los recursos presupuestales, que beneficia únicamente a ministros, magistrados, jueces y mandos superiores del Poder Judicial, que involucra pensiones adicionales a las otorgadas por el ISSSTE, mantenimiento de casas-habitación a jueces y magistrados, y apoyos cuando se sobrepase el tope de gastos de seguros médicos institucionales. Este es el único fideicomiso donde la crítica de López Obrador se sostiene, aunque desde 2018, antes de que llegara a la Presidencia, no se han aportado recursos de los ahorros presupuestales, que en su esencia era algo ilegal porque a diferencia de los fideicomisos que se alimentan de los salarios de los trabajadores, estos sí son dineros públicos que tendrían que haber sido reintegrados a la Secretaría de Hacienda.
¿Privilegios?: Las diferencias que hay en los fideicomisos son relevantes, pero para López Obrador todo es lo mismo, porque es el recurso que alinea su discurso contra la Suprema Corte y, como derivado, a jueces y magistrados, a quienes acusa de manera personalizada y señalándolos como como si fueran los únicos responsables de las deficiencias en la administración y procuración de justicia, omitiendo el papel del Ministerio Público como primer responsable de las deficiencias y arbitrariedades en la justicia mexicana. La iniciativa de Mier, para vengarse de la Suprema Corte, es el primer paso de una gran reforma que quiere López Obrador para que se modifique el método de selección de ministros. Sería una contrarreforma a la que hizo el presidente Ernesto Zedillo en 1994, donde se quitó poder el Ejecutivo y se lo transfirió al Judicial para fortalecer los contrapesos en el Estado mexicano. Aquella fue una gran reforma democrática, muy distante a lo que está haciendo López Obrador, que espera tener mayoría calificada en el Congreso el próximo año para terminar de liquidar a la Corte que conocemos, que los ministros sean electos, facilitando el control de los partidos –y en particular del partido suyo– sobre ella.
