La cantante Shakira ha aceptado una multa de 7.8 millones de euros al reconocer ante el tribunal que defraudó 14,5 millones a Hacienda entre los años 2012 y 2014, gracias a un pacto con la acusación que le evita la prisión y le ahorra un largo juicio.
Apenas diez minutos ha comparecido este lunes la artista colombiana ante la Audiencia de Barcelona para ratificar el acuerdo que su defensa ha alcanzado a última hora con la Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por la Abogacía del Estado y la Generalitat, un pacto que, según mantiene Shakira en un comunicado, le pidieron sus propios hijos.
En medio de la inusitada expectación desatada en el Palau de Justicia -donde periodistas y funcionarios de justicia se disputaban los mejores sitios desde los que avistar a la diva-, Shakira ha llegado ataviada de rosa pastel y blanco y con unas gafas de sol oscuras que sólo se ha quitado para sonreír a la prensa mientras contestaba cómo se encontraba: “Ahí vamos”.
Ya dentro de la sala de vistas, ha escuchado en silencio los términos del acuerdo enunciados por el presidente magistrado del tribunal y con un breve “sí” y “así es” ha ratificado el pacto, que previamente ella misma ya había firmado, junto a las acusaciones.
Multa de 432 mil euros para sustituir la prisión
El pacto implica el pago de 7.3 millones de euros en multas, lejos de los 23.7 millones que la Fiscalía solicitaba inicialmente para la cantante, y le rebaja a tres los ocho años de cárcel que planteaba el ministerio público para la intérprete, por seis delitos contra la Hacienda pública.
No obstante, la cantante ha aceptado pagar 432 mil euros para sustituir la pena de prisión impuesta -400 euros por cada día que se libre de estar en la cárcel-, sin la condición de no volver a delinquir en los próximos años, como sucede en los casos de suspensiones de condena.
Una cuestión que no es baladí, teniendo en cuenta que tiene una segunda causa abierta en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona) a raíz de otra querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar más de seis millones en el IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.
Y a ese litigio se suma el recurso que tiene pendiente en la sala contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional por los 60 millones de euros que pagó a Hacienda por la tributación de las ganancias de su gira de 2011, un caso que condicionó las negociaciones entre su defensa y la Agencia Tributaria para allanar el acuerdo suscrito hoy.
Con el acuerdo, la cantante, que se ha beneficiado de una atenuante muy calificada porque devolvió a Hacienda los 14,5 millones evadidos más otros tres de intereses, asume que simuló que tenía residencia fiscal en Bahamas para evitar pagar sus impuestos a la Hacienda española entre 2012 y 2014, pese a que ya vivía la mayor parte del año en Barcelona con su expareja, el futbolista Gerard Piqué.
Nuevas críticas a Hacienda
Pese a ese reconocimiento de los delitos que se le imputaban-condición indispensable de las conformidades-, la artista ha vuelto a cargar contra la Agencia Tributaria, como ya hiciera cuando, en julio de 2020, rechazó un acuerdo con las acusaciones y decidió jugársela en el juicio mientras se proclamaba víctima de la “persecución” de Hacienda y la “intransigencia” de Fiscalía.
En una precisa medición de los tiempos, su agencia de comunicación -Llorente y Cuenca- ha remitido a los medios un extenso comunicado justo cuando la cantante verbalizaba ante el tribunal su sí al pacto, para subrayar que si Shakira lo acepta es por el bien de sus hijos y de su carrera.
“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia”, insiste la cantante en su comunicado, tras recordar que tenía “dos opciones, seguir peleando hasta el final”, hipotecando su tranquilidad y la de sus hijos, de su carrera y de las cosas que le gustan, o cerrar este capítulo de su vida “mirando hacia adelante”.
Sus hijos le han pedido que llegara a un pacto
En ese sentido, ha confesado que sus propios hijos le han pedido que llegara a un pacto, por lo que ella ha apostado por centrarse en lo más “importante de su vida” y evitarles el “desgaste” que supone ver a su madre en un juicio.
“Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos”, subraya.
El acuerdo pone fin a un proceso penal que se abrió en 2018, cuando la Fiscalía presentó su primera querella contra la cantante, y evita un juicio por el que, a lo largo de doce sesiones, estaba previsto que desfilaran hasta 117 testigos, entre ellos su expareja Antonio de la Rúa, varios músicos y un chef de estrella Michelin, además de sus peluqueros y sus profesores de fitness o zumba.
