En la primera semana de enero de 2024 se registraron tres masacres en Guerrero, dejando como saldo 13 personas muertas, casi 30 heridas y 14 desaparecidas, sin embargo, la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se ha limitado para realizar las investigaciones y minimiza las denuncias como las del Centro de Derechos para Víctimas de Violencia “Minerva Bello”.
El primer ataque ocurrió el jueves 4 de enero en la comunidad de Buenavista de los Hurtado en el municipio de General Heliodoro Castillo. Un grupo de hombres armados que se identificaban como miembros del grupo criminal La Familia Michoacana mató, desmembró y calcinó en un vehículo a cinco pobladores. Además, hubo seis heridos y 14 desaparecidos, según narró el director del Centro “Minerva Bello” y párroco José Filiberto Velázquez en una entrevista con esnoticiahoy.com.
Durante casi dos días el Gobierno del estado guardó silencio y fue hasta el sábado 6 de enero cuando respondió en un comunicado que “mantenía la presencia de instituciones de seguridad” en las localidades de Buenavista de los Hurtado y Tetela del Río.
El párroco Filiberto Velázquez denunció en entrevista a las fuerzas de seguridad por acudir al lugar y marcharse “como si nada hubiera pasado”.
A pesar de las denuncias, la Fiscalía General del Estado (FGE) comunicó que “no se obtuvo información de personas heridas, desaparecidas o privadas de su libertad”.
El segundo ocurrió durante una pelea de gallos en el municipio de Petatlán, en la Costa Grande, alrededor de las 20:30 horas del sábado 6 de enero. También hombres armados incurrieron en el palenque para disparar a los asistentes, cuyo salgo es de cinco muertos y al menos 20 heridos. La FGE confirmó los hechos e informó sobre la apertura de una carpeta de investigación contra los que resulten culpables por el delito de “homicidio doloso con arma de fuego”.
La tercera masacre fue alrededor de las 21:00 horas del mismo sábado en la región de la Montaña Baja: otros sujetos armados dispararon contra tres mujeres en el barrio El Calvario, en el municipio de Chilapa de Álvarez.
Los informes policiacos apuntan a que las tres víctimas eran hermanas; la FGE ha catalogado el asesinato como “homicidio calificado” y no como feminicidio como lo establece el Código Penal por tratarse de personas del sexo femenino.
Ni la gobernadora o su gabinete de seguridad han salido a informar presencialmente de la ola de violencia en la entidad; la ausencia del Gobierno y la expansión de los grupos criminales obligan a las comunidades a dejar sus actividades como campesinos, ganaderos y pescadores para tomar las armas para defenderse del fuego cruzado.
