Veíamos en ocasión anterior cómo se ha agudizado la dependencia alimentaria, comprometiendo la propia soberanía nacional. Respecto a sus causas, estas son inmediatas y estructurales. Las primeras, más evidentes –y que operan desde el advenimiento del neoliberalismo–, tienen que ver con las políticas agrícolas actuales, que, a juzgar por sus resultados, se revelan de todo punto ineficaces. Se ha pretendido, infructuosamente, resolver el problema de las crecientes importaciones mediante mal aplicados aranceles: “Estos picos [en las importaciones] se alcanzarán a pesar de que México mantiene en vigor un decreto que restringe las compras externas de maíz transgénico y del arancel de 50% sobre las importaciones de maíz blanco […] [aunque] El arancel no se aplica al maíz estadounidense debido a los compromisos de libre mercado existentes bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)” (El Economista, 2 de octubre de 2023). Pero si de EE. UU. provienen 96% de las importaciones de maíz, y no se puede aplicar el arancel, este resulta inocuo.
El crédito agrícola escasea. En lo que fue un duro golpe a los pequeños productores, el gobierno de López Obrador desapareció la Financiera Nacional. Según el Censo Agropecuario 2022 “Se contabilizaron 4.4 millones de unidades, de las cuales 265,508 consiguieron un crédito […] En medio de la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), el Inegi dio a conocer que, el año pasado, sólo seis de cada 100 unidades de producción agropecuaria contaron con algún tipo de financiamiento a través del crédito […] [además] El año pasado, sólo 78,140 unidades de producción estuvieron aseguradas, es decir, sólo 1.7% […] El problema viene por el poco acceso al crédito que los campesinos pueden tener a través de la banca tradicional, que ante los riesgos en el sector es más cautelosa para otorgar el financiamiento” (El Economista, 1 de junio de 2023). La banca privada se abstiene de financiar, y el Estado renuncia a ese compromiso: el total abandono.
A la Secretaría de Agricultura se le redujo el presupuesto, incapacitándola así para auxiliar a los productores, y para invertir en actividades de impacto productivo, como el desarrollo tecnológico. Los cada vez más exiguos recursos oficiales se redireccionan a los programas asistenciales de compra de votos en el campo. “El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Sader para el 2024 presenta un incremento del 5.08% con respecto al autorizado en 2023, con 3,581.79 millones de pesos de más; pero considerando todo el sexenio es 3.5% menos que las administraciones anteriores. En la pasada administración con Enrique Peña Nieto, el presupuesto fue 6.8% mayor; mientras que con el presidente Felipe Calderón tuvo un incremento de 40.2%, revela el análisis de Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA) […] Respecto al programa de fomento productivo, agrícola y pecuario, no es considerado como prioritario, pues tiene bajos recursos que le puedan ayudar a lograr la seguridad y la sustentabilidad alimentaria” (El Economista, 11 de septiembre de 2023).
Según este gobierno, con su programa de precios de garantía resolvería el problema, mas no ha sido así. “Durante 2023 los productores de granos en el país resultaron afectados por el descenso en los precios en que les pagaron sus cosechas y una caída en la producción, a lo que se sumó un incremento en las importaciones, sobre todo en maíz y frijol” (CNA, 2 de enero). Se prevé que este año baje más la producción y se dificulte alcanzar la soberanía alimentaria, pues ante los bajos precios internacionales, los precios de garantía resultan ineficaces; además, un alto número de productores venden sus cosechas a intermediarios, a precios aun más bajos. “El problema del precio de las cosechas afectó en forma generalizada a los granos, debido a la baja de las cotizaciones internacionales. Los agricultores de maíz vendieron hasta en 30 por ciento menos sus cosechas con los intermediarios […] en el caso del trigo cristalino, el precio bajó en 29.9 por ciento respecto a 2022, mientras la producción cayó en 10.3 por ciento. Al mismo tiempo crecieron las importaciones de granos, sólo en el frijol las compras al exterior fueron tres veces más altas […] y las de trigo crecieron en 6.9 por ciento, indica información del GCMA […] En el caso del sorgo, en octubre tuvo un precio para el productor de 4 mil 860 pesos por tonelada, una caída de 30 por ciento respecto a 2022, indica el SIAP […] en relación con la producción, en el arroz se dio una caída de 19.8 por ciento…” (La Jornada, 2 de enero de 2024). Adicionalmente, el llamado “superpeso” incentiva la importación de granos.
La ineficiencia productiva obedece a una fragmentada e ineficiente estructura agraria. En el Censo Agropecuario de 2007 había 4.06 millones de unidades de producción agropecuaria; en el de 2022 sumaron 4.4 millones. De estas últimas “… 71.8% tienen hasta 5 hectáreas y 28.2% están por encima de esa medida […] Un productor no puede tener más de 100 hectáreas, cuando en Argentina o Brasil pueden sembrar hasta 10,000 hectáreas de un cultivo…” (Expansión, 12 de septiembre de 2023). La atomización frena la adopción de tecnología más avanzada, atando al sector a tecnologías tradicionales, menos productivas, e impide alcanzar economías de escala en la producción (ventaja que podría conseguirse, por ejemplo, por la vía asociativa, revirtiendo así la atomización actual). Consecuentemente, cada tonelada producida contiene mucho más tiempo de trabajo y, por ende, más valor, lo cual impacta en el precio y afecta la competitividad. Estos factores subyacen a los altos costos de producción y nos hacen vulnerables a los bajos precios internacionales, determinados por una estructura agraria más eficiente en EE. UU. y por los gigantescos subsidios a la agricultura, que la hacen artificialmente competitiva.
Añádase la creciente ausencia del Estado de derecho en el campo mexicano (responsabilidad también del Estado, aunque con profundas raíces socioeconómicas), que ha frenado inversión y crecimiento. “En esta administración, el PIB agropecuario ha crecido en promedio 0.7%” (CNA, Expansión, 12 de septiembre de 2023). El sector agrícola está estancado.
Mientras no se reviertan las deformaciones de la estructura productiva no podrá alcanzarse la soberanía alimentaria. Y ello no se logra formando dependencias decorativas o comprando votos, sino con transformaciones profundas, precisamente lo que la Cuarta Transformación evita, dados sus fuertes compromisos con los grandes productores agrícolas del sector exportador, el verdadero poder. Ciertamente, las medidas comerciales juegan su papel, pero el factor fundamental, repito, es estructural, y, en consecuencia, su solución debe ser estructural.
Así pues, no se avizora una recuperación inmediata del sector agrícola. Y por sus resultados puede concluirse que la estrategia de desarrollo ha fracasado, y debe revisarse. Se ha recurrido a viejas recetas ya inviables en la actual circunstancia, que más bien acrecientan el control del sector por Estados Unidos y agravan la crisis alimentaria. Se impone de manera apremiante renunciar a la estrategia seguida; y no con ello sugiero regresar a la aplicada antes, igualmente neoliberal. Urge un modelo de desarrollo agrícola que no priorice la agricultura de exportación, es decir, la maximización de la ganancia, sino la atención de las necesidades sociales básicas: concretamente la alimentación; además, con una efectiva participación del Estado en el fomento de la actividad agropecuaria, en apoyo de todos los sectores productivos.
