Los diputados federales de Morena anunciaron que solicitarán un juicio político contra un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por su “acción arbitraria” para declarar inconstitucional la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El grupo parlamentario de Morena presentará una solicitud de juicio político contra el presidente de la Segunda Sala de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, ante la acción arbitraria para declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE)”, informaron los diputados oficialistas en un comunicado.
De acuerdo con los legisladores morenistas de la Cámara baja del Congreso, el ministro Pérez Dayán se extralimitó al ejercer el voto decisivo como presidente de la Segunda Sala del Supremo para declarar inconstitucional los siete principales artículos enviados por López Obrador en 2021.
Esto, luego de un empate entre los ministros Luis María Aguilar y Pérez Dayán, quienes dieron su aval al proyecto en contra de la reforma de López Obrador; y de las ministras afines al oficialismo, Yasmín Esquivel y la recién nombrada por el Ejecutivo, Lenia Batres, ante la excusa que presentó el ministro Javier Laynez.
En conferencia de prensa, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada parlamentaria de Morena, expuso que con esta decisión los dos ministros que votaron a favor, incurrieron en una violación a la ley que los rige y pusieron de manifiesto una “actuación premeditada”.
“Lo que vivimos el día de ayer fue algo lamentable para el Estado de derecho y la división de poderes. Uno de los poderes que, de manera reiterada, ha emitido criterios con relación a la violación del reglamento del procedimiento legislativo, ayer incurrió en una falta a su propia ley, eso, además de incurrir en responsabilidades, pone de manifiesto una actuación, por decir lo menos, aceptada con premeditación”, señaló.
El diputado de Morena, Juan Robledo, dijo que se debió llevar a cabo otro proyecto de sentencia antes de aplicar el “voto de calidad” por parte del presidente de la Segunda Sala, antes de dirimir el desempate al que se llegó.
“A nuestro juicio implica responsabilidad administrativa y política. La Constitución (…) dice que los ministros y otras autoridades importantes de la Federación mexicana son responsables políticamente por violar la Constitución o por violar una ley fundamental, una ley federal, es el caso, vamos a analizar esto y pronto haremos el planteamiento que corresponda”, añadió.
En su oportunidad, la diputada Aleida Alavez, insistió en que el Supremo mexicano resolvió, de manera tramposa y violentando sus propios procedimientos, “que sean los privados quienes dicten el libre mercado y cómo se va a generar la luz en este país”.
Los cambios promovidos por López Obrador impulsaban que la CFE despachara primero su energía y relegaba a los generadores por fuentes renovables, al tiempo que eliminaba subastas para adquirir el mejor precio por la energía generada a través de contratos públicos, las figuras de autoabasto para vender electricidad, así como los certificados de energía limpia.
La sentencia avalada definió que favorecer “a un determinado grupo de centrales distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia en el sector de la generación de energía eléctrica”.
Además, señaló que con estos cambios se obstaculizaba la formación de un nuevo mercado, desincentivaba la participación de nuevos agentes y rompía con el mandato de neutralidad.
