En México, las víctimas de armas de fuego traficadas desde Estados Unidos se cuentan por miles, mientras que del otro lado del río Bravo la débil regulación para la compra, venta y posesión de equipo considerado de uso exclusivo de las fuerzas armadas ha impulsado por más de una década que los cárteles de las drogas hayan adquirido ilícitamente alrededor de 2.5 millones de armas de grueso calibre a través de esa frontera, coinciden informes de autoridades nacionales y estudiosos del tema.
Estimaciones de la hoy Fiscalía General de la República (FGR) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que al año ingresan ilegalmente al país unas 250 mil armas de fuego, entre ellas armas largas (AK-47), granadas de diversos tipos, lanzacohetes, cohetes, lanzagranadas y ametralladoras, en ese rubro las llamadas Barret calibre 50 que tienen capacidad para derribar aeronaves.
En tanto, de acuerdo con cálculos de un programa de la Universidad de San Diego, California, que fueron citados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se estima que cada año más 200 mil armas de fuego cruzan de contrabando a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
En ese contexto, la historia del tráfico de armas es lo que no se ha contado de la guerra contra las drogas que ha tenido impacto no sólo en México, sino en toda América Latina, declaró en entrevista telefónica con La Jornada David A. Shirk, del proyecto Justicia en México, de la Universidad de San Diego, California, uno de los pioneros en analizar el camino ilegal de armas de Estados Unidos.
Shirk, quien es coautor del reporte La ruta de las armas: estimaciones del tráfico de armas a través de la frontera EU-México, publicado en marzo de 2013, explica que el flujo ilícito es resultado casi natural de la dinámica de un mercado gris en la zona limítrofe.
