ESTÉNTOR POLÍTICO EXPRÉS
Miguel Ángel Casique Olivos
Acciones de AMLO no frenan huachicol
Ni más ni menos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha refutado las declaraciones que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho sobre que el huachicol «casi se acabó». De acuerdo a la información difundida recientemente las tomas clandestinas en la red de ductos de Pemex, para extraer gasolinas, diesel, turbosina y gas LP, han aumentado, incluso se habla de niveles preocupantes o que no se habían visto antes.
En la realidad el problema no acabó, se siguen robando las pipas, la agresión a los encargados de reparar los ductos siguen siendo otro aspecto sin resolver y las denuncias que los abogados de la empresa interponen al Ministerio Público no encuentran eco y no son atendidas.
Todos los días la petrolera sigue enfrentando esta problemática, es decir, que estos delitos siguen minando a la industria a pesar de que supuestamente «existe» un plan conjunto del Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos en Pemex, en donde participan al menos 15 dependencias.
¿Qué dirá AMLO de esto? Seguramente saldrá con la cantaleta gubernamental de que él tiene otros datos, pero lo cierto es que plan en conjunto no sólo no funciona y lo demuestran los datos; por ejemplo, aunque es cierto que el volumen de combustible asegurado disminuyó de 25 millones 183 mil 834 litros en 2018 a 7 millones 956 mil 396 litros entre enero y julio de 2019, el número de tomas clandestinas en ductos ha tenido una variación poco significativa, se sabe por ejemplo que en los primeros siete meses de 2018 que se reportaron 8 mil 706, en el mismo tiempo de este año suman 8 mil 655.
Por otro lado las tomas clandestinas de gas LP aumentaron en 202 por ciento. Las perforaciones para robar el el combustible pasaron de 206 en los primeros 7 meses de 2018 a 623 en el mismo periodo de este año 2019, ya gobernado por la 4T.
El clímax no político…
Quienes también no ven atención real son los afectados por los sismos de hace dos años; más de 4 mil damnificados de Juchitán, Oaxaca, han estado solicitando al gobierno de López Obrador los atienda; la pequeña oficina de obras que el gobierno municipal renta no se da abasto para atenderlos, pero más que la atención se ve claramente que el censo realizado no ha servido de mucho; por ejemplo, según la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi), entregó al gobierno municipal todos los datos y se sabe muy poco de ellos.
Un segundo censo que se levantó en marzo de 2018 de 5 mil 179 damnificados, los cuales la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) clasificó 838 con pérdida total y 4 mil 341 con pérdidas parciales, no se sabe su status; por ejemplo, ahora resulta que hay muchas inconsistencias, pues de esta última cifra se llevan contabilizadas 300 viviendas con daños totales, o sea, un mal censo, pero además muchas personas aunque tengan el folio de que fueron censadas en la base de Sedatu no existen.
La Sedatu debe responder qué pasó con los 4 mil 431 damnificados de ese segundo censo. Tanto la autoridad local como los damnificados tienen dudas, que hasta ahora nadie se ha tomado la molestia de responderlas, mucho menos han encontrado apoyo material para reconstruir o arreglar sus viviendas. Total, para qué, si el gobierno de la 4T y López Obrador tienen otros datos. Por el momento, querido lector, es todo.
