Por: Abel Pérez Zamorano
|Decía en ocasión pasada que con la 4T: “Se incuba el huevo de la serpiente de una dictadura”. Hoy abundo sobre el tema, en conceptualización y evidencia. Dice Giovanni Sartori: “Dictadura es, para nosotros, una forma de Estado y una estructura del poder que permite su uso ilimitado (absoluto) y discrecional (arbitrario). El Estado dictatorial es el Estado inconstitucional, un Estado en el cual el dictador viola la Constitución, o escribe una Constitución que le permita todo” (p. 14, Lo que no es la democracia). No indica que la dictadura deba ser forzosamente monárquica o militar (esas son formas del fenómeno), o que llegó al poder por la fuerza. La Real Academia, en su Diccionario del Español Jurídico la define como: “Régimen político basado en la concentración del poder en una sola persona, que lo ejerce sin límites”. Y Oxford Dictionaries: “Régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad”. ¿No es esto lo que hoy vemos? Don Benito Juárez, adalid del federalismo es ajeno a esta política de avasallamiento desde la presidencia; se le falta al respeto poniéndolo como adorno de la 4T.
Si bien es usual, el dictador no necesariamente llega al poder por golpe militar; puede hacerlo ganando elecciones, e incluso con muchos votos, una dictadura civil. Así ganó Luis Bonaparte las elecciones presidenciales en 1848, en la Segunda República francesa, ocultando su mentalidad imperial… el 2 de diciembre de 1851 dio un golpe de Estado y se hizo coronar emperador como Napoleón III.
Un gobierno autoritario avasalla. En la legislación vigente, cuyo acatamiento no es opcional, destacan la separación y el equilibrio entre poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), como contrapesos entre sí. El Barón de Montesquieu formuló este esquema político en términos clásicos en El espíritu de las leyes, donde apuntó: “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Pensó en las otras instituciones, aunque, por razones de clase, excluyó al pueblo organizado, el más efectivo contrapeso del autoritarismo. Pero veamos algunas evidencias de esta calamidad.
1. Para limitar al legislativo, el presidente envió en abril una iniciativa que modificaba la Ley Federal de Presupuesto, para que Hacienda “en una emergencia económica o de salubridad”, pudiese reorientar los recursos para “destinarlos a programas y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal”. De haberse aprobado, habría dado al presidente discrecionalidad total para decidir sobre el gasto, y la Cámara de Diputados habría renunciado a una atribución suya, pues el Artículo 74 constitucional le otorga la facultad exclusiva de “discutir, modificar y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación”. Además, el ejecutivo tiene ya facultades para hacer modificaciones, pero limitadas: la Cámara debe ser consultada cuando superen al 5 por ciento. El presidente aspira al control total. Antes se había propuesto la eliminación del fuero a los diputados, que, ciertamente, suele ser mal utilizado, pero que, por previsión del Constituyente, protege a los representantes populares de presiones, amenazas y acciones de fuerza del gobierno, garantizando así su la libertad para votar. Llamándolo “privilegio”, la 4T intentó eliminarlo.
2. El derecho a la inviolabilidad de domicilio, consagrado en el Artículo 16, garantiza que, con las reservas de ley, la autoridad no puede irrumpir en los hogares. La 4T busca anularlo. Alfonso Ramírez Cuéllar propuso otorgar al Inegi facultades para entrar en las casas, registrar y reportar el patrimonio de cada familia.
3. La consulta popular tiene reglas y no puede hacerse ad libitum. Artículo 35 constitucional: “Serán convocadas por el Congreso de la Unión…”; salvo que lo solicite el 2 por ciento de inscritos en el listado nominal de electores “… la petición de consulta popular […] deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión”, y sus resultados deberán acatarse solo si hay una participación mínima de 40 por ciento. La Suprema Corte deberá resolver, previamente, sobre su constitucionalidad. Dice la Constitución: “El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa […] la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados”. Es obvio que las consultas del Tren Maya, la de Mexicali y la del aeropuerto no respetaron la ley.
4. Los órganos constitucionales autónomos no dependen jerárquicamente de ninguno de los tres poderes y acotan el poder gubernamental. Están entre ellos: el INE, para organizar elecciones libres, la Comisión Reguladora de Energía, el INEGI, la Comisión Federal de Competencia. Es pública la guerra de la 4T para quitar presupuesto a unos y someter a todos; también a la ciencia y las universidades públicas, instancias críticas y de reflexión. Los científicos son para AMLO un sector incómodo.
5. La Ley de Extinción de Dominio, aprobada en agosto, atenta contra las garantías individuales y cual espada de Damocles pende sobre los ciudadanos. Por simple “sospecha” de corrupción o de uso de recursos de procedencia ilícita, el gobierno puede decomisar y vender los bienes de cualquier persona, sin mediación de juicio ni sentencia de juez. Y si finalmente el acusado resulta inocente, no podrá recuperarlos. Esto viola el derecho de propiedad, el debido proceso y la presunción de inocencia. Además de sus bienes, la dignidad de las personas debe ser respetada, y el presidente desde su púlpito calumnia sin el mayor recato. Por razón de espacio no caben más ejemplos, pero estos ilustran.
Para cometer impunemente tanto exceso, la 4T precisa anular toda resistencia social, y para ello… viola la Constitución. Artículo 8o: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición…”. Artículo 9º: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”. Para suprimir la organización popular, el presidente ha convertido en política de Estado no tratar con organizaciones, arguyendo que son intermediarias, corruptas, buscan moches, etc. Luis Miguel Barbosa negó el registro del Movimiento Antorchista Poblano como partido político estatal. Esto, en buen romance, se llama dictadura. Y es una dictadura de clase.
Se dice de izquierda, pero beneficia al gran empresariado (al menos a un sector), con jugosos contratos, mientras abandona a las pymes, no hay despensas para los pobres, ni salarios solidarios, apoyo en pagos de energía eléctrica, etc. Más de diez millones caerán en pobreza. Y el autoritarismo se refuerza con la dictadura de la ley, con innumerables prohibiciones y endurecimiento de penas que, cual telaraña, atrapan al pueblo. Estamos, pues, ante la formación de un Leviatán que amenaza a todos los ciudadanos débiles. Pero ellos pueden convertirse en fuerza política y contenerlo. Querer… ¡todo es eso! Dijo el poeta.
