El discurso humanitario del Presidente López Obrador no se refleja en los hechos. En vez de tratar a los migrantes como a personas desplazadas de sus lugares de origen, se les criminaliza a fin de deportarlos o, peor aún, dejarlos a merced de la delincuencia organizada.
Para los representantes de organizaciones defensoras de migrantes, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Amnistía Internacional, el discurso humanitario del Presidente López Obrador no se refleja en los hechos. En vez de tratarlos como a personas desplazadas de sus lugares de origen, se les criminaliza a fin de deportarlos o, peor aún, dejarlos a merced de la delincuencia organizada. Para esas y otras organizaciones civiles, los recientes asesinatos de migrantes demuestran que el muro militar no detendrá el flujo de personas y, en cambio, seguirá cobrando vidas.
Los asesinatos de centroamericanos ocurridos recientemente en México, uno en Tulum y otro en Chiapas, provocaron que organismos de la sociedad civil acusen de nuevo al Estado mexicano y al gobierno federal de invisibilizar a los migrantes, de no respetar los derechos humanos y de responder a la política de Estados Unidos en la materia.
En entrevista con la revista Proceso, Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba,), explica: «Hemos denunciando que no hay una clara política de respeto a los derechos humanos de los migrantes, como discursivamente se dice, desde la imposición de Donald Trump del famoso muro. Aunque el muro real ha sido Chiapas, donde hay más de 4 mil efectivos de la Guardia Nacional, además del Ejército y policía estatal, deteniendo a quien quiera pasar hacia México; y a quienes lo logran los colocan en lugares infrahumanos».
Desde el punto de vista del Frayba, señala Faro, a las autoridades les falta diseño operativo y estrategia, porque en el afán de controlar que no pase nadie se hacen una serie de acciones como la ejecución extrajudicial que cometió el Ejército contra el guatemalteco Elvin Mazariegos el pasado 29 de marzo.
Agrega: «Vimos que, con la pandemia, en los lugares donde trabajamos bajó el tránsito de migrantes. Ahora que se supone hay una baja en la pandemia se está reactivando la entrada de grupos que pretenden cruzar hacia Estados Unidos. En San Cristóbal, un lugar que está muy cerca de todas las comunidades indígenas tzotziles y tzeltales, hay viajes directos a Tijuana y Sonora para que puedan pasar a Estados Unidos. Anuncian públicamente que hay salidas a diario. También entran camiones que enganchan a la gente para llevarla. La autoridad lo sabe y lo permite.
«El sistema no está respondiendo y por lo tanto está generando una crisis que rebasa al Estado mexicano. Entonces su única forma de actuación, desde nuestro punto de vista incorrecta, es la represión. El Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Chiapas hacen redadas para reprimir a los migrantes y para inhibir su paso a México».
Sin embargo, esto no se admite oficialmente: «Hay un doble discurso del Presidente. Dijo que se respetaría el flujo migratorio, pero lo que se está viendo es un vacío de derechos humanos desde la Presidencia, lo vemos en todos los temas, en el tema de tortura, en el tema de desapariciones, en el tema migratorio».
Por ello, Faro considera que el flujo de migrantes va a seguir creciendo conforme se vaya controlando la pandemia hasta llegar a una medida similar a la de las caravanas de 2018 y 2019, pues se juntan personas de diferentes países para pasar la frontera. De esa manera intentan protegerse del crimen organizado, «porque entrando a Chiapas empieza el infierno», señala el activista.
