Al cumplirse dos años de la creación de la Guardia Nacional, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) publicó el informe “Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del Renovado Protagonismo Castrense”, en el que se analiza la tendencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de llevar la militarización del país a “una profundidad legal nunca antes vista”.
En la publicación, la organización civil advierte que el cuerpo castrense arriba a un segundo año de existencia con un marco jurídico “endeble” que se encuentra impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con la inercia de incurrir en violaciones a derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.
En un amplio informe de más de 300 páginas, el Centro Prodh analiza el marco jurídico de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de López Obrador, quien le ha dado 27 nuevas funciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de la Marina, así como la falta de controles externos de la corporación de seguridad, compuesta de forma preponderante y dirigida por personal de formación castrense.
El informe confirmó la tendencia de la CNDH y de la FGR en ésta y en pasadas administraciones de soslayar las violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas desde que en 2006 se desplegaron tropas del Ejército y de la Marina en la “Guerra contra el Narcotráfico”, iniciada por Felipe Calderón.
De acuerdo a la investigación realizada por el Centro Prodh, en los 48 meses de existencia de la GN, el 30 de junio de 2019 al 23 de marzo de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió 451 expedientes de queja en contra del cuerpo de seguridad, es decir, más de 21 denuncias por violaciones a derechos humanos cada mes.
Pese al cúmulo de quejas contra la GN en los primeros 21 meses de existencia, el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra sólo emitió una recomendación, “lo que denota una efectividad raquítica”.
Lo mismo ocurre con la Fiscalía General de la República (FGR), que durante el periodo de análisis “refrenda una prácticamente nula capacidad de investigación ante denuncias por abusos castrenses”, en los que estarían involucrados miembros de la GN.
En materia de desaparición de personas, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares de la FGR, tiene integradas 97 carpetas de investigación de casos en los que están involucrados miembros de Fuerzas Armadas, pero la fiscalía sólo ha ejercido acción penal en cinco casos.
En cuanto a casos de tortura, la Fiscalía Especializada en Tortura tiene 2 mil 125 averiguaciones previas en las que están involucrados militares (en mil 466 casos) y marinos (en 659 expedientes), en tanto que existen otras 207 carpetas de investigación (bajo el nuevo sistema de justicia penal) en que se señala a 133 soldados y a 74 marinos de cometer tortura. De todos esos casos, la dependencia de la FGR sólo ha obtenido una sentencia condenatoria.
En el documento, el Centro Prodh destacó que “las instituciones externas de control que deberían activarse no han estado presentes ni la FGR ni la CNDH han iniciado investigaciones exhaustivas -y, por consiguiente, menos aún los resultados de éstas- en seguimiento a tales casos y denuncias”.
En el amplio informe, la organización alertó sobre el anuncio del presidente López Obrador del 15 de junio de que promoverá “una reforma constitucional para asegurar que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional”, lo que “implicaría un inédito escenario de militarización, de carácter permanente y ya no transitorio, que por sí mismo cancelaría en definitiva la posibilidad de que prevalezcan componentes mínimos de naturaleza civil en la Guardia y que al constitucionalizar el fortalecimiento militar abriría un horizonte en extremo preocupante”.
