Negocios offshore de al menos 3 mil mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, quedaron al descubierto en una filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y publicada por Quinto Eelemento Lab.
Entre los nombres que resaltan en la investigación obtenida por el ICIJ se encuentran Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador por Morena, Armando Guadiana; y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La investigación denominada Pandora Papers señala que ciudadanos mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.
Según la investigación, Julio Scherer Ibarra, quien se desempeñó hasta hace unas semanas como consejero jurídico de la Presidencia y es uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach.
En marzo de 2011, señalan los documentos, recibió las 50 mil acciones de una sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, la cual controlaba a empresa de Florida denominada 3202 Turn LLC, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares.
Según los Pandora Papers, el senador por Morena y empresario minero, Armando Guadiana Tijerina, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.
Al momento de registrar su offshore, Guadiana dijo que su ingreso anual rondaba los 600 mil dólares y que su patrimonio superaba los 28 millones dólares distribuidos en empresas mineras, inversiones y propiedades. Designó a sus cuatro hijos como beneficiarios, según los expedientes del despacho.
En las declaraciones patrimoniales públicas que presentó ya como senador, esa fortuna ya no estaba, destaca el documento.
La investigación señala que el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, también aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que fue creada en 1998 con el propósito de proteger su patrimonio.
Sefún los documentos publicados, la compañía fue registrada en febrero de 1998, tan solo un mes después de que Arganis ingresara a la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México como director general de la planta de asfalto. Desde ese año y hasta mayo de 2003, cuando se desempeñaba ya como director de Obras Públicas en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, Arganis dispuso de un poder general sobre la empresa.
La investigación también señala que Julia Abdala, quien aclaran que no estuvo disponible para responder las solicitudes de comentarios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se convirtió en accionista de la offshore cuando Barlett, su pareja de 20 años, despachaba como senador.
Según los Pandora Papers es dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel, que no cuenta con empleados ni oficinas, y cuyo primer accionista se mantuvo en el anonimato que garantizan las acciones al portador.
La empresa Roybell International Inc fue creada en diciembre de 2011 con un capital de 10 mil dólares a través de un despacho en Ginebra especializado en la gestión de grandes fortunas, que a su vez contrató los servicios de Alcogal.
Ante la publicación de los documentos, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que ya se inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir corrupción.
La investigación publicada por Quinto Elemento Lab detalla que, aunque tener una sociedad offshore no es un crimen, en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal. En México no es ilegal tener sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, incluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales.
Sin embargo, el uso de sociedades offshore puede ser particularmente controversial en el caso de políticos y funcionarios públicos, pues las pueden utilizar para esconder dinero y bienes procedentes de sobornos o desvío de recursos públicos. Esto es de particular interés en naciones como México donde la corrupción es rampante y el gobierno ha hecho un pobre trabajo impidiendo estos abusos.
