La culpa es del régimen de la 4T que ha creído muy atinado dejar al sector salud (como al INE) casi sin recursos para operar.
Adriana Argudín Palavicini
Seguimos siendo testigos de las quejas de los derechohabientes o de sus familiares acerca del mal servicio que brindan los hospitales y clínicas del sector público. Llegar de madrugada y formarse a la intemperie para alcanzar ficha para una consulta, si el médico general considera que el paciente debe ver a un especialista, la incertidumbre aumenta pues tales consultas normalmente están saturadas y hay que esperar semanas y, si se requiere de una cirugía pueden pasar meses para que se la puedan practicar al modesto e indefenso paciente. A este calvario se suma la escasez de medicamentos, que a pesar del ultimátum que el presidente López Obrador le dio a su gabinete de salud hace ya tres meses, aún no se resuelve.
En un recorrido informativo del Canal 6 Tv, el señor Vicente Beltrán, derechohabiente de un hospital público del Estado de México, señaló: “Estamos en una situación muy precaria aquí, te extienden tu receta, vas a la farmacia y no hay medicamento, después te dicen ‘venga dentro de 2 o 3 días’, vas y te dicen, ‘no, pues su receta ya expiró’, ¿entonces?” Todo esto supone, además de tiempo, dinero; y dinero no solo para transportarse o comer algo en la calle, sino en múltiples casos para surtir la receta en una farmacia privada pues las enfermedades no esperan.
De acuerdo con el Estudio Nacional de Opinión Pública, febrero 2022, realizado por “México elige”, a la pregunta “¿considera que hay o no desabasto de medicamentos”, el 73.4 por ciento respondió que sí lo hay, y el 55.4 por ciento dice que ha batallado para encontrar el medicamento que requiere. En el “Mapeo del desabasto de medicamentos en México, mayo-agosto de 2021” (elaborado por la organización “Cero desabasto”), entre las instituciones públicas de salud el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el que más reportes ha generado por desabasto, el 54 por ciento; uno de cada cuatro reportes es por la falta de algún medicamento o insumo para el tratamiento del cáncer, seguido por la diabetes, los pacientes trasplantados y la hipertensión arterial. Aquí es oportuno preguntarse si los padres de niños con cáncer que llevan meses exigiendo el abasto de insumos y medicamentos para tratar a sus pequeños, ¿solo han querido causar caos con sus movilizaciones? ¿Han sido cilindreados por “grupos de derecha internacionales” que buscan crear en los mexicanos una simpatía “casi golpista”, como aseguró el subsecretario Hugo López-Gatell en junio del año pasado?
¿Cuál ha sido, entonces, el resultado de la promesa del presidente de terminar con la mafia -así la calificó él- en la distribución de medicamentos? ¿Qué resultados ha dado el hecho de poner en manos de un miembro del Ejército mexicano el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), precisamente con el objetivo de que los medicamentos llegaran hasta el último rincón del país? En opinión de Manuel Sánchez González, exsubgobernador del Banco de México, el resultado ha sido “la improvisación y el desorden en el suministro de medicamentos, con un elevado costo para la sociedad. El desabasto ha propiciado el deterioro de la salud y hasta el fallecimiento de muchas personas. Los beneficios perseguidos no son claros, al haber aumentado la opacidad de las operaciones y confundirse los ahorros con la contención del gasto en salud.” (El Financiero, 12 de enero de 2022).
La desesperación ha llevado a algunos derechohabientes a quejarse ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con la esperanza de que algo pueda hacerse para resarcir el daño que les ha ocasionado la violación de algunos de sus derechos humanos relativos a la salud, dentro de los cuales se han documentado, entre otros, el omitir, es decir, el desentenderse de suministrar medicamentos, el desentenderse de implementar la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los servicios de salud y el desentenderse de proporcionar atención médica. Desgraciadamente la CNDH solo emite “recomendaciones”, y muchas veces ni eso, que la institución que las recibe está en plena libertad de tomarlas o no en cuenta sin mayores repercusiones; son como las llamadas a misa.
Según datos del Inegi (septiembre de 2021), en México había casi 93 millones de personas afiliadas a los servicios de salud, de las cuales el 98 por ciento lo estaban en algún servicio público. ¿Debe, entonces, esa gran cantidad de afectados resignarse a seguir siendo tratados como ciudadanos de segunda? ¿Acaso no se le descuenta de su salario la cuota correspondiente para gozar del servicio de salud? ¿En qué se gasta ese dinero? En fin, cabe agregar que nada de lo dicho sobre las gravísimas deficiencias de los servicios de salud es responsabilidad de médicos, enfermeras y personal de apoyo, se sabe que muchos de ellos trabajan jornadas extenuantes y no pocos han perdido la vida en el período de la pandemia. La culpa es del régimen de la 4T que ha creído muy atinado dejar al sector salud (como al INE) casi sin recursos para operar. En efecto, según el diario Reforma del pasado 11 de febrero, en el sector salud, para el 2021, la caída del presupuesto asignado con respecto al año anterior fue de 29.4 por ciento, con un monto global de tan solo 15 mil 880 millones de pesos. Por lo tanto, solo queda un camino: la organización de los millones de afectados para exigir que su derecho a la salud, que está consagrado en nuestra Constitución, no sea únicamente formal, sino que se traduzca en hechos concretos.
