Amnistía Internacional (AI) y la organización Seguridad Sin Guerra exigieron este miércoles al Congreso mexicano rechazar la reforma “militarista” del presidente Andrés Manuel López Obrador quien pide que la Guardia Nacional (GN) pase a control del Ejército.
En un comunicado conjunto, las asociaciones afirmaron que, si la Guardia Nacional se integra a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como pretende la reforma de López Obrador, “sería el último clavo en el ataúd del Estado democrático de derecho”.
Las organizaciones citaron ocho ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas durante el sexenio de López Obrador, que inició en diciembre de 2018, además de “cientos de quejas” presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
También señalaron que 15 mandos militares han ascendido de puesto a pesar de estar en una lista de elementos acusados de cometer tortura, con base en una investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Las asociaciones pidieron al Congreso respetar la promesa de mantener la naturaleza civil de la GN, que el Gobierno de López Obrador creó en 2019 para reemplazar a la Policía Nacional con el compromiso de no tener un mando civil.
Aún así, acusaron al presidente de haber “desnaturalizado” la Guardia Nacional “pintándola de verde olivo” al citar que de cada 10 integrantes solo tres son civiles.
Asimismo, exigieron que se cumpla el compromiso del mandatario de regresar a los militares y marinos a sus cuarteles antes de marzo de 2024 para que dejen de realizar tareas de seguridad pública.
“A la militarización plena de la seguridad que López Obrador quiere perpetuar, se suma el militarismo avanzando en la vida pública con el enorme poder económico y político que el Gobierno le está entregando a la Sedena y Semar en cada obra y contrato asignado a las Fuerzas Armadas”, denunciaron.
La reforma para entregar la Guardia Nacional al Ejército es una de las iniciativas constitucionales pendientes del presidente López Obrador para la segunda mitad de su sexenio, que termina en 2024.
El mandatario criticó en su conferencia de prensa matutina de este miércoles a la oposición, que ha anunciado una “moratoria constitucional” para impedir que avancen las reformas a la Carta Magna en el Congreso en lo que resta de esta Administración.
