Con la Guardia Nacional (GN), bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (Semar), el presidente Andrés Manuel López Obrador consagra la estrategia que ha causado tantas muertes y más violaciones graves a los derechos humanos (DDHH) en el país, afirmó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Contrario a lo que afirma López Obrador respecto a que ambos organismos tienen profesionalismo y cuentan con pocas quejas gracias a su desempeño, la realidad es que la Sedena está involucrada en cientos de violaciones a los DDHH.
De 2007 a 2018 fueron identificados al menos 58 mandos militares adscritos a la Sedena, responsables de unidades acusadas de haber cometido tortura. A pesar de ello, 15 ascendieron de puesto, lo que evidencia los pactos de impunidad.
En su opinión del 13 de junio, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, afirmó que en el sexenio de Vicente Fox hubo 35 mil 500 militares desplegados en promedio anual en tareas de seguridad pública, mientras que, en mayo de 2022, este número se incrementó hasta llegar a 239 mil 865.
Es decir, en menos de 20 años se ha multiplicado la cantidad en más de siete veces.
De acuerdo con la investigación, si bien la percepción de seguridad en la ciudadanía aumentó (incluso a tres años de haberse instaurado la GN y sin haber evidencia de su eficacia para las tareas policiales, tiene un 70 por ciento en percepción de confianza, mayor a la policía estatal) se ha confirmado que los militares no reducen la violencia, sino al contrario, la violencia se ha disparado.
Al mismo tiempo, “las Fuerzas Armadas permanecen entre los primeros lugares por quejas asociadas a las violaciones más graves a los derechos humanos. Las aplicaciones 2016 y 2021 de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad confirman que los militares superan a los civiles en señalamientos por tortura”.
En lo que va de este sexenio se tienen registradas 8 casos de ejecuciones extrajudiciales y cientos de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que ha hecho caso omiso a las denuncias.
