Todos los hombres y las mujeres de buenos sentimientos en el mundo que han logrado enterarse de la matanza de peruanos extremadamente pobres, muchos de ellos indígenas que han bajado de las tierras altas a protestar por la destitución de su presidente y su injusto encarcelamiento pero, más que nada, por el hambre, las enfermedades, el aislamiento en los que los han mantenido desde siempre los potentados de su país, todos esos seres humanos sensibles y buenos que digo, se han sentido impactados por esas muertes y esa represión brutal y se han sentido indignados por la pasividad de los que se dicen defensores de los derechos humanos y de las libertades civiles que, cuando les conviene, protestan en sus medios de comunicación, decretan sanciones y hasta mandan soldados a invadir para defender a los que consideran reprimidos.
Perú tiene 33 millones de habitantes. La actual presidenta interina, Dina Boluarte, llegó al cargo nombrada por el Congreso apenas el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, entonces presidente de la República. A tres días de su ascenso al poder, se iniciaron protestas sociales exigiendo su renuncia y la realización de elecciones generales este año. Entre las protestas, destacan las ocurridas en varias zonas rurales del sur del país, que tiene una larga historia de abandono por parte de los gobiernos de la oligarquía peruana que ha provocado una profunda desigualdad económica y, por lo mismo, un enorme descontento de sus habitantes.
El Estado nunca ha invertido lo suficiente en el sur del país, ni en escuelas ni en hospitales ni en ninguna otra obra pública. Sólo se ha visto la riqueza natural de la zona como una fuente de enriquecimiento para la oligarquía peruana, que bien puede compartir con empresarios extranjeros, que son los que cuentan con la tecnología necesaria para su explotación. De ahí que no sea casual que las protestas hayan iniciado precisamente en esa zona del país. Ahí, gran riqueza que se va, espantosa pobreza que se queda.
Después de una breve suspensión de la protesta, quizá por las fiestas decembrinas, el pasado 9 de enero, tras la feroz represión de la policía contra quienes se manifestaban a las afueras del aeropuerto internacional de Juliaca (ubicada a 45 kilómetros del departamento de Puno, al cual pertenece esta ciudad), con un saldo de 19 personas asesinadas y 73 heridas, hasta nueve mil personas provenientes de Puno se trasladaron a dicha ciudad en apoyo del pueblo. Desde entonces, las manifestaciones se han extendido a buena parte del país, a 19 provincias, además de bloqueos de vías en 31 más. La única respuesta ha sido la represión y la muerte. Para el 27 de enero, la señora Dina Boluarte, ya contaba en su haber con 56 muertes y casi un mil 500 heridos.
Entre los hechos represivos, de violencia de la policía nacional, destaca el asalto a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Unmsm), en Lima, la capital del país, el 21 de enero, donde 200 manifestantes de ambos sexos, en su mayoría campesinos, venidos desde Puno, Arequipa, Cusco y otros puntos del país, ingresaron al recinto a descansar dos días después de haberse manifestado en Lima, la capital. Allí, la policía nacional, la emprendió a golpes, empujones y toletazos en contra de hombres y mujeres, muchos de ellos campesinos humildes, que se encontraban tanto dentro como en los campos de esta institución educativa, llevándose detenidos a todos, a los 200, que hasta ahora siguen encarcelados.
El ministro del Interior, Vicente Romero, justificó la feroz embestida diciendo que todos ellos “actuaron en flagrancia en dos hechos: ingreso a la sede universitaria sin autorización de las autoridades y una presunta sustracción de una serie de bienes electrónicos.” ¿En flagrancia, después de dos días? Aquí no hubo tal flagrancia, se trató, de un hecho más de criminalidad del Estado, apoyado por la oligarquía peruana, en contra del pueblo que se ha atrevido a salir a las calles a protestar.
La clase dominante de Perú siempre ha sido muy arrogante y reaccionaria y, por tanto represiva. Tanto, que varios de sus últimos presidentes han ido a parar a la cárcel como consecuencia de venganzas entre ellos. Pero ahora, asombra la crueldad, la cerrazón y la violencia con la que está actuando. ¿Qué pasa? ¿Qué defiende? Resulta que a mediados de 2018, la empresa minera denominada “Macusani Yellowcake”, dedicada a la extracción de uranio, hizo el hallazgo de lo que se calculó, eran más de 2 millones de toneladas de litio en la zona de Macusani, precisamente en el departamento de Puno. Tal hallazgo, de acuerdo con el entonces gerente general de la empresa, podría llevar al país a ser el mayor productor y exportador de litio en el mundo, cuya demanda no ha dejado de crecer, y seguramente seguirá creciendo en los próximos años, principalmente por la demanda masiva de vehículos eléctricos, ya que el ingrediente principal para ese tipo de vehículos son las baterías iones de litio.
Como es evidente, son los pobladores de la zona y de otros puntos aledaños, otrora campesinos, los que ahora se parten a diario el lomo como peones, picando la roca en la mina a cielo abierto a cambio de un miserable salario mínimo de 825 soles al mes (que equivalen a unos cuatro mil pesos mexicanos), mientras los dueños de las minas, de las empresas extranjeras que lo compran y de las empresas que lo utilizan, se hartan de dólares. En 2018, el precio del litio estaba entre 12 mil y 16 mil dólares la tonelada, dependiendo de su pureza; para 2021, el precio de la tonelada de este mineral era ya de 55 mil dólares.
Apareció la madre del cordero. He ahí la explicación de la ferocidad asesina de la oligarquía peruana que mantiene como presidenta a una señora cuya gestión, según recientes encuestas, rechaza el 71 por ciento de los peruanos, y a un Congreso que alcanza el 88 por ciento de desaprobación. El pueblo peruano tiene la palabra. Su heroica lucha de valiente resistencia contra los explotadores, ya es ejemplo para muchos pueblos oprimidos del mundo.
