La ola de violencia que ha sufrido el estado de Guerrero en distintos municipios fue analizada por Insigh Crime, una organización dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad en América Latina.
En el texto publicado se expone que las fuerzas de seguridad del Estado se encuentran entre las instituciones más azotadas por la corrupción, lo que obstaculiza las investigaciones y propicia que los grupos delictivos pueden ejercer violencia con casi total impunidad.
Desde el inicio de 2024, Chilpancingo y otros municipios como Taxco de Alarcón han visto un brote de asesinatos dirigidos principalmente contra choferes de transporte público; la corrupción local ha servido durante mucho tiempo para proteger las operaciones de los grupos del crimen organizado, pero también ha envalentonado a los grupos criminales a utilizar la violencia selectiva sin temor a represalias.
Insigh Crime explica que hay decenas de violentas redes criminales que operan hoy en todo Guerrero. Algunos observadores internacionales, como el International Crisis Group, estiman que hay alrededor de 40 grupos, la mayoría de estos grupos eran en algún momento operadores locales para redes transnacionales más grandes como los Zetas y la Organización Beltrán Leyva.
El artículo apunta que las redes de extorsión se extienden ahora en una variedad de sectores públicos en Guerrero, desde el transporte, hasta los negocios locales, guías turísticos, eventos religiosos, compañías mineras e incluso pequeñas tiendas que venden artículos cotidianos. Agrega que ha crecido la violencia hacia los que trabajan en estas industrias. Aquellos que se niegan a pagar cuotas de extorsión o siguen las reglas impuestas por grupos criminales corren un mayor riesgo de ser asesinados.
